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Recursos contra la Administración

En los tiempos que corren en los que la administración ávida de recursos no duda en emplear los métodos más gravosos para el contribuyente, las administraciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos no son una excepción. Dado que la ley establece unos porcentajes topes para la liquidación del IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles) no queda otra que de alguna manera subir la base imponible del impuesto para así evitar esta limitación. ¿Cómo hacerlo?, muy simple, fomentando la elaboración de una nueva ponencia de valores que adecue estos a los de mercado. ¿Pero qué sucede en un mercado como el inmobiliario que en tan poco tiempo está teniendo y tiene una caída tan acusada? Pues que nos encontramos con una valoraciones que en algunos casos rozan el esperpento y que además de influir en el IBI también lo hacen indirectamente en otros impuestos que utilizan esta valoración como es el de transmisiones patrimoniales. ¿Pero qué podemos hacer entonces los contribuyentes para limitar tan catastrófico efecto?. En lo referente al cálculo del IBI me temo que poco puesto que una vez finalizado el periodo de alegaciones contra la ponencia no nos queda otra que tragar con la valoración salvo que nos decidamos estudiar el complicado y enrevesado mundo de leyes y reglamentos utilizados para llegar a dicho cálculo y encontrar errores en la misma o esperar 5 o 10 años para que hagan una nueva ponencia. Eso sí, por lo menos a lo largo de 10 años la subida nos la aplicarán progresivamente.

El caso de la liquidación por transmisiones patrimoniales es distinta porque la ley por lo menos nos dice que la valoración que hemos de tomar para estos bienes inmuebles son el valor real y lógicamente podemos no estar de acuerdo con la liquidación que nos “sugieren”.

Intentaré contaros de un modo resumido qué podemos hacer en estos casos.

Casos específicos de liquidaciones complementarias del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

En relación con lo que establece el artículo 57 de la Ley General tributaria 58/2003 modificado por la ley 36/2006 de 29 de Noviembre en los siguientes términos:

b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de
carácter fiscal.

Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.

PROCEDIMIENTOS:

RECURSOS EN REPOSICION:

En primer lugar se puede plantear un recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto y siempre que sea susceptible de reclamación económico administrativa. Tiene que interponerse antes que la reclamación económico-administrativa y esta no podrá interponerse hasta que no se haya resuelto aquel o hasta que se considere desestimado por silencio administrativo.

Se interpondrá en el plazo de un mes desde la notificación del acto o de un mes desde que se considere el silencio administrativo que se considerará negativo. Si fueran deudas de notificación periódica y notificación colectiva el plazo se iniciará a partir del día siguiente al de finalización de periodo voluntario de pago. En el plazo de interposición del recurso se puede solicitar la puesta de manifiesto del expediente.

Si queremos suspender el acto debemos solicitar la suspensión garantizando el importe a no ser que se trate de sanciones, caso en el cual, se suspende automáticamente. Existe una lista de garantías que se pueden prestar. Cuando al final y como consecuencia de la resolución del recurso haya que ingresar el importe se liquidarán intereses de demora por todo el periodo de suspensión.

La administración no podrá abstenerse de resolver y el plazo máximo para notificar la resolución es de un mes desde el día siguiente a la interposición del recurso. Si pasa el mes, hemos llegado a un acuerdo de suspensión y no se nos ha notificado expresamente no se devengarán intereses de demora, además transcurrido dicho plazo el recurso se ha de considerar desestimado y se podrá interponer reclamación económico-administrativa.

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.

Existe una lista de actos susceptibles de este tipo de reclamación. Respecto a la suspensión se trata igual que en reposición aunque con una lista más restringida de formas de garantía. La suspensión producida en reposición podrá mantenerse en vía económico-administrativa, el interesado en plazo de interposición del económico-administrativo dirá que ha interpuesto recurso y solicitado la suspensión.

Se interpondrá en un mes desde la notificación del acto impugnado o un mes desde los efectos del silencio administrativo. El procedimiento deberá iniciarse mediante escrito que podrá limitar a solicitar que se tenga por interpuesto y deberá indicar el reclamante, el acto contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone y optativamente las alegaciones en que nos basemos. El escrito se enviará al órgano administrativo que haya dictado el acto que lo remitirá al tribunal competente en el plazo de un mes junto con el expediente y el informe si lo considera oportuno pero si hemos incluido las alegaciones el órgano que dictó el acto puede anularlo total o parcialmente antes de enviarlo al tribunal,si no hemos presentado antes reposición, y se emitirá al tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición.

Cuando lo recibe el tribunal sin alegaciones o siempre que lo hayamos solicitado expresamente aún con alegaciones nos lo pondrá de manifiesto dándonos un plazo de un mes para presentar las alegaciones y pruebas. El tribunal podrá solicitar informe al órgano que dictó el acto para cualquier aclaración y nos lo remitirá para que podemos presentar contra el mismo, alegaciones.

El tribunal no podrá abstenerse de resolver y deberá hacerlo en todo caso, sin embargo, la duración del procedimiento será como máximo de un año desde la reclamación así que transcurrido ese plazo se puede considerar desestimada al objeto de interponer el recurso procedente cuyo plazo se contará a partir del siguiente a la finalización del plazo de un año.

Este recurso pone fin a la vía administrativa, sin embargo, en función del importe podría ser recurrible en alzada ante el TEAC cuya resolución sí pondría fin a la vía administrativa por lo que solo nos quedaría interponer recurso contenciones administrativo.

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION DE VALORES

Existen según art.57 de la LGT varios métodos que puede utilizar la administración para comprobar los valores. El procedimiento se inicia con una comunicación de la administración o bien mediante notificación conjunta de propuesta de liquidación y valoración. El plazo máximo para notificar la valoración y la liquidación prevista es de 6 meses, dado que las normas reguladoras del ITP no dicen otra cosa, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio. Si el valor determinado por la administración es distinto al declarado, esta, al tiempo de notificar la propuesta de regularización comunicará la propuesta de valoración suficientemente motivada. Transcurrido el plazo de alegaciones abierto por la propuesta de regularización notificará la regularización que proceda acompañada con la valoración realizada.

No se podrá recurrir directamente contra el acto de valoración pero si no estamos de acuerdo con la valoración que nos comunican podemos pedir o la tasación pericial contradictoria o cuestionar la valoración dentro del recurso que se puede interponer contra el acto de regularización.

La tasación pericial contradictoria se deberá promover contra el acto de comprobación de valores notificado dentro del plazo del primer recurso contra la liquidación efectuada o podremos reservarla siempre que estimemos que la liquidación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denunciemos dicha omisión en el recurso que presentemos. Dentro del mes desde la fecha de firmeza en via administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o reclamación hemos de solicitarla y la administración nos requerirá para que nombremos a un perito y aportemos la valoración realizada por este (lo pagamos nosotros y tiene que tener título suficiente). Es importante respetar el plazo de 15 días para presentar la valoración puesto que sino es como si nos conformáramos con la de la administración).

Si la diferencia entre el perito de la administración y el nuestro es igual o inferior a 120.000 euros o al 10% prevalece nuestra peritación y si no hay que designar un tercer perito teniéndole que ingresar el importe de sus honorarios. Si la tasación de este supera el 20% del valor declarado pagamos a este perito nosotros. Es esta tasación la que vale y la administración nos tendrá que notificar la nueva liquidación y los intereses de demora que ha estado suspendida la deuda impugnada mediante la tasación.

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